Gobiernos sienten la “amenaza” de la web

Gobiernos sienten la “amenaza” de la web

Lunes 12, Febrero de 2018 | 8:10 am | Lo más reciente
Gobiernos sienten la “amenaza” de la web

Por ser un mecanismo relativamente nuevo, el Internet ha sido un campo sin ninguna regulación hasta ahora.

A medida que el Internet y las redes sociales se han vuelto parte del día a día de los ciudadanos, diversos países han visto la necesidad de ponerle límites legales a uno o varios aspectos de este recurso tecnológico.

Uno de los países que más énfasis ha puesto en el tema es España, donde recientemente un juez ha condenado a 1 año y tres meses de cárcel, y una multa de 720,000 euros, a un ciudadano que profirió amenazas a muerte al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de Facebook.

El hombre, que según recoge la sentencia sufre un trastorno de personalidad, publicó los comentarios ofensivos e “hirientes” en Facebook entre el 9 y el 12 de enero de 2016.

Otro caso, también en España, es el del rapero Pablo Hasel, que podría enfrentar penas superiores a los 2 años de cárcel y más de 40,000 euros de multa por insultar a la monarquía y al gobierno a través de su cuenta de Twitter.

Uno de los comentarios presentados por la Fiscalía apunta a que «el ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotr@s», refiriéndose al rey Juan Carlos, a quien también acusa de dilapidar dineros públicos en viajes de cacería por África. Las regulaciones se dan igual en países de izquierda que de derecha. Por ejemplo, en Venezuela se aprobó en noviembre de 2017 la “Ley contra el odio”, cuyos propósitos eran similares a los planteados por los diputados del Partido Nacional en diferentes foros.

La ley venezolana, que fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aplica sanciones millonarias y penas de cárcel a quienes la infrinjan. La ley hondureña aplicará multas de 50,000 a 1 millón de lempiras. Otro país que pretendió incidir en los contenidos de Internet fue Ecuador.

Un día antes de que terminara su mandato, Rafael Correa envió a la Asamblea la ley “que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet”, para que los provedores de Internet adoptaran medidas para prevenir que sus usuarios difundieran mensajes de esa clase. Es el mismo objetivo que busca la ley formulada por el diputado Marcos Paz.

En Ecuador el debate se profundizó y al considerar que afectaba la libertad de expresión la ley no fue aprobada. Por otra parte, en México, en diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil para sancionar a quien a través de cualquier medio, tradicional o redes sociales, “deshonre, desacredite, perjudique o exponga al desprecio a alguien, por un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado”.

En Argentina, desde hace varios meses, se viene debatiendo un proyecto que pretende regular la “responsabilidad de los intermediarios de Internet”, donde mas bien se les exime del monitoreo de los contenidos generados por terceros.

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